Publicado por Aleteia.
José Antonio Varela
Férrea
posición del CELAM ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA
Diversas voces en América Latina se alzan para alertar
que algunas empresas multinacionales extractivas de los metales preciosos y del
petróleo están afectando a las poblaciones más vulnerables de la región.
Una de ellas se
hizo sentir el último 19 de marzo en Washington DC, donde se realizó una
Audiencia Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Nos referimos
al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que llegó hasta allí para sentar
su posición frente a la vulneración contra los derechos humanos de las
poblaciones autóctonas, afectadas por las industrias extractivas en América
Latina.
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| Amazonía peruana, todavía hoy. No permitamos que desaparezca. |
La posición de la Iglesia se fortaleció gracias a la
presencia de los representantes de diversas organizaciones católicas como el
Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del CELAM, el Secretariado
Latinoamericano y del Caribe de Cáritas, la Confederación Latinoamericana y
Caribeña de Religiosos y Religiosas, la Comisión Amazónica de la Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil y la Red Eclesial Pan-amazónica (REPAM).
Iglesia,
pueblos indígenas e industrias extractivas
Según el informe final difundido días atrás, fueron
los altos representantes de la Iglesia católica en América Latina quienes
dieron a conocer a la CIDH, a los estados y a la sociedad en su conjunto, que los
denominados “conflictos socio-ambientales” no solo han sido fuente de
inestabilidad social en los países de la región, sino que también han vulnerado
los derechos de las personas y se ha favorecido a la inversión privada en
desmedro de estos.
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| Pueblos indígenas de a amazonía peruana. |
Durante la audiencia, el CELAM advirtió sobre el incremento
de la corrupción, el debilitamiento de la gobernabilidad y otros problemas
sociales.
En ese contexto, la Conferencia Episcopal de Colombia
admitió la necesidad de mayor energía en el mundo, pero muestra su preocupación
por la presencia de proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas,
indígenas y afrocolombianas que no cumplen los compromisos internacionales como
el Convenio OIT N° 169, referido al derecho a la consulta previa.
Por su parte, monseñor Pedro Barreto, SJ, arzobispo de
Huancayo (Perú) y entonces presidente del DEJUSOL-CELAM, afirmó que“Nuestra
misión a partir de nuestra fe, es custodiar los bienes de la creación”. Por
ello aseguró que el CELAM ve como prioridad a los más pobres, dado que hoy
existe una primacía por la actividad extracta sin rostro humano.
La Iglesia y su defensa de los pueblos afectados
En ese sentido en mayo del 2007, la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Brasil, mediante el
documento de Aparecida ya advertía que las industrias extractivas y la
agroindustria muchas veces no respetan los derechos económicos,
sociales, ambientales y culturales de las poblaciones locales, generando daños
a la biodiversidad, agotamiento del agua y contaminación.
En el acto realizado en Washington DC, las diversas
instituciones de la Iglesia advirtieron con profunda preocupación ante la OEA
la expansión de la minería informal y los daños graves que está
generando a la salud de la población y al medio ambiente. Y no solo ello: de
por medio se está afectando los derechos humanos sobre todo en la trata de
personas y explotación sexual.
Bajo este contexto, el entonces papa Juan Pablo II
alertó de una crisis ecológica en el mundo por la contaminación y la
sobreexplotación de los recursos. Lo mismo advirtió su sucesor, Benedicto XVI.
Propuestas y sugerencias de la Iglesia
Los representantes del CELAM propusieron que en
conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se establezca un
canal permanente de comunicación para desarrollar talleres de formación
sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos
indígenas y no indígenas, dirigidos a agentes pastorales y líderes sociales.
La Iglesia exhorta también a los países de las
Américas a no criminalizar las protestas sociales de
poblaciones indígenas y no indígenas en conflictos socio-ambientales. Por el
contrario, los exhorta a encontrar una solución pacífica y justa mediante el
diálogo, respetando la cultura y la naturaleza.
Los representantes de las organizaciones eclesiales
invitan a que las empresas extractivas cumplan los estándares internacionales
en materia ambiental y de derechos humanos, así como garantizar el derecho al
territorio, a la consulta previa, a la vida y la integridad de los pueblos
indígenas y tribales.
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